Agronitrogenados vuelve a ser una palabra incómoda para Pemex. La detención y libertad provisional de Gilda Susana Lozoya Austin reactivaron una investigación que desde hace años golpea la imagen de la petrolera.

El expediente se remonta a la compra de una planta de fertilizantes adquirida por Pemex en 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La operación ha sido señalada por autoridades e investigaciones como una adquisición con presunto sobreprecio.

La Fiscalía sostiene que Gilda Lozoya presuntamente participó en actos relacionados con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con información del caso, la acusación la vincula con Tochos Holding Limited y con una triangulación financiera señalada por el Ministerio Público.

La defensa rechaza esa versión y acusa persecución política. Ese contraste obliga a presentar el caso como un proceso abierto, no como una verdad judicial cerrada.

Para Pemex, el regreso de Agronitrogenados no es sólo un asunto penal. También revive preguntas sobre decisiones empresariales, controles internos, compras de activos improductivos y responsabilidad de funcionarios en operaciones de alto costo público.

El caso también vuelve a rozar al PRI porque ocurrió en el sexenio de Peña Nieto y porque Emilio Lozoya fue uno de los funcionarios más visibles del proyecto energético de ese gobierno. Sin embargo, la responsabilidad penal de cada persona debe probarse de forma individual.

La presidenta Claudia Sheinbaum intentó separar la captura del terreno electoral o partidista. Dijo que no se trató de un asunto político y que la información del caso corresponde a la FGR.

El expediente aún puede avanzar o debilitarse. Todo dependerá de lo que la Fiscalía logre acreditar ante el juez y de los argumentos que presente la defensa.